Segunda derrota del uribismo en menos de 24 horas

Liberales, La U y Cambio Radical, con el respaldo de Verdes, Polo y la Farc, dejan sin representación al Centro Democrático en el Consejo Superior de Política Criminal. Primer coletazo de la elección de contralor.


En el Capitolio no existe coalición de gobierno. Apenas 24 horas después de la elección de contralor general, en la que el Centro Democrático se apuntó un duro revés, el uribismo registró su segunda derrota en el Congreso. Quedó sin representación en el Consejo Superior de Política Criminal, un organismo que asesora al gobierno nacional, y en el que tienen asiento cuatro representantes a la Cámara. Ninguno de  los elegidos pertenece al partido Centro Democrático 

La segunda derrota del uribismo tuvo lugar en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, que este martes debía elegir a los dos congresistas que ocuparían lugar en el Consejo Superior de Política Criminal. Hasta la semana pasada, existía un acuerdo entre los parlamentarios del Partido Liberal y el Centro Democrático para elegir a los representantes en este organismo consultivo. A la hora de la elección, los liberales (los que más curules tienen en la Comisión Primera), que hace un  par de meses hicieron coalición para elegir a Iván Duque, decidieron hacer coalición, pero con Cambio Radical.

El Centro Democrático había postulado al representante José Jaime Uscátegui, hijo del general (r) Jaime Uscátegui, para ir en plancha con el candidato del Partido Liberal, el representante Andrés David Calle. Pero el partido del trapo rojo decidió aliarse con el Partido de la U y Cambio Radical, como había sucedido en la elección de contralor general, y terminaron promoviendo el nombre de David Pulido, congresista del partido de Germán Vargas Lleras, y así dejaron sin representación al uribismo en este organismo.

El Consejo Superior de Política Criminal  es un órgano colegiado que se encarga de asesorar al gobierno en la implementación de la política criminal del Estado. Debe presentar conceptos (no vinculantes) frente a todos los proyectos de ley y reformas que en materia penal se tramitan en el Congreso.

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